Aumenta la tensión por la administración «inestable» de la Cooperativa de Trabajos Portuarios

Lunes 08 febrero 2021

La agrupación Miguel Ru, integrada por más de 100 socios, denunció al interventor, solicitó que se desplace al juez que lleva la causa y auguró que habrá nuevos conflictos y cese de actividades en los puertos

Los integrantes de la agrupación “Miguel Ru”, quienes representan a más de 100 socios de la Cooperativa de Trabajos Portuarios Limitada San Martín, presentaron esta semana sendos escritos judiciales mediante los cuales solicitaron la recusación del juez federal a cargo de la causa penal que tiene como principal procesado por lavado de fondos al sindicalista y empresario Herme Juárez. Solicitaron además que el nuevo juez destituya al interventor Roberto Pasqualino “por graves irregularidades cometidas en lo que lleva al frente de la intervención” a quien, además, denunciaron por mal desempeño de funciones.

Para los portuarios, las próximas horas serán decisivas porque la inestabilidad de la administración a cargo de la intervención de la entidad que los nuclea incentiva nuevos conflictos en la zona portuaria. Entre otros, la planificación de nuevas movilizaciones y cese de actividades para que se llame a elecciones de modo urgente.

“Es inaceptable que a un año y medio del comienzo de la intervención de la cooperativa, Pasqualino se maneje como dueño y señor de la entidad, se niegue a llamar a elecciones y saque 150 millones de pesos que estaban a resguardo en el Banco Nación para ponerlos en una mutual”, afirmaron los dirigentes que rubricaron los escritos judiciales.

“A esta altura nadie puede justificar que continúe la intervención a una entidad privada, que pertenece a los socios de la cooperativa”, afirmó el socio Ricardo Marco, y agregó que “las demoras en regularizar y llamar a elecciones solo se explican en la intención de hacer negocios personales, lo que no encuentra hoy otra justificación”.

“Los números muestran que el interventor fue un pésimo administrador de los bienes de la cooperativa y su continuidad en el cargo no hace más que poner en peligro las fuentes de trabajo y los intereses de los socios”, denunció Marco, uno de los representantes de los socios estibadores.

La presentación judicial se funda también en un informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en los que se concluye que no hay ningún impedimento para que se llame a elecciones para regularizar la cooperativa y devolverla a sus legítimos titulares la conducción de la institución.

Según ese informe, mencionado en el escrito, el interventor se habría extralimitado al disponer el movimiento de fondos por 150 millones de pesos por tratarse de una decisión que necesariamente requiere de la aprobación de una asamblea, que justamente el interventor se niega a convocar.

Los dirigentes señalaron que en caso de no acceder el juez a apartarse de la causa o remover al interventor, insistirán en la Cámara Federal en forma inmediata.

«Negociaron con la salud»

Además de solicitar la recusación del juez, los socios denunciaron por mal desempeño de funciones al interventor Pascualino. “Dentro de las tantas irregularidades que se están investigando que se consideran un raid delictivo del interventor, se suman la distracción de fondos, la compra de kits para análisis de Covid-19 en forma inconsulta a una sociedad que se podría decir que nació con ese pan bajo el brazo”, afirmó el socio, José María Ramón.

“El interventor maneja fondos en forma discrecional y arbitraria favoreciendo a sus amigos con compras sin licitación, sin dar explicaciones, sin saber si esas compras cumplen alguna función útil”, manifestó Ramón.

Los socios añadieron que “una muestra de ello es la triangulación que se produjo en octubre de 2019, con Carlos Andrés Marconi y Esteban Maximiliano Donadío quienes forman una sociedad que presta servicios financieros llamada Dofin SRL, cuya publicación se encuentra en el Boletín Oficial.

En las presentaciones judiciales denunciaron que Donadío, mientras ya tenía la función de asesor en la cooperativa y en total conflicto de intereses, permitió la compra de kits para Covid a la sociedad por acciones simplificadas Total Medic, de titularidad de su amigo y socio, Marconi, creada en plena pandemia al efecto en fecha 6 de julio de 2020”.

“Esta prueba demuestra, independientemente de su irregularidad, las verdaderas intenciones de estos interventores que, mientras los estibadores se exponían en plena pandemia al progreso de la cooperativa y del país, los altos funcionarios de la intervención se dedicaban a hacer negocios personales a costilla de la salud de los trabajadores”, aportó Jorge Morel, uno de los socios denunciantes.

Promesa de resolución

El 22 de enero, en la sede de Gobierno de Rosario, los estibadores portuarios fueron recibidos por las autoridades del Ministerio de Producción de la Nación y el entonces presidente del Inaes, Nahum Mirad.

“En ella los funcionarios se comprometieron a regularizar la situación de la cooperativa en defensa de los trabajadores ”, remarcaron los socios, y concluyeron que “se esperan horas decisivas en las que los trabajadores piden no quedar inmersos en las pujas políticas del Movimiento Evita, la Universidad de Buenos Aires y los intereses personales de la intervención saliente. Lo único que nos interesa es recuperar la cooperativa que es de los trabajadores”.