Rosario: Centro de Justicia Penal: a 20 días del fin del juicio a Los Monos, el barrio sigue sitiado

Los comerciantes se quejan de la merma en las ventas y los vecinos lidian con desvíos de colectivos y dificultades en la recolección de residuos, entre otros problemas.

A 20 días de terminado el juicio contra el jefe de la banda de Los Monos, los vecinos del Centro de Justicia Penal de Rosario (en el barrio España y Hospitales) se desayunaron este miércoles con una novedad: se redujo la restricción vehicular que abarcaba varias cuadras a la redonda, impuesta justamente como consecuencia de balaceras contra el edificio. Algunos puestos de custodia del operativo que involucra a la policía provincial y a fuerzas federales fueron levantados y hay menos agentes circulando en el área, pero lo que de verdad quieren residentes y comerciantes es la liberación total de las calles. Según plantean, con los cortes no solo mutó la fisonomía de la zona sino que en lo concreto su vida cotidiana se complicó.

Es que en las últimas semanas, por ejemplo, hubo cambios en los recorridos de las líneas de transporte urbano que van y vienen desde el sur al centro de la ciudad por las calles aledañas al Centro de Justicia (Sarmiento, Rueda, Mitre y Virasoro). Los desvíos de tránsito generaron sobrecarga y atascos en arterias cercanas, sobre todo en los bulevares San Martín y 27 de Febrero; confusión en los pasajeros; dificultades a la hora de garantizar la limpieza y la recolección de la basura; y una merma de clientes en los negocios circundantes al tribunal, allí donde se sientan en el banquillo los imputados de delitos penales sometidos a juicio oral. Entre ellos, Ariel “Guille” Cantero, líder de la banda narco Los Monos, condenado a 22 años de prisión el 30 de septiembre como responsable de siete de los diez atentados contra domicilios de funcionarios y sedes judiciales en 2018.

Nuevos tiroteos y amenazas telefónicas en la previa del proceso, iniciado en agosto, y mientras éste se desarrollaba, determinaron un refuerzo de la seguridad al punto que el territorio terminó militarizado. Hoy continúan instaladas las vallas de metal que interrumpen el tráfico en las esquinas del emblemático predio donde funcionó por décadas el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, es decir lo que técnicamente se denomina Anillo 1. Así lo explican agentes de la Unidad Regional II apostados en uno de los cruces.

El personal ratifica que la mañana del miércoles pasado se liberó el tránsito en San Martín y Rueda y en Amenábar y Mitre. En otras palabras, el llamado Anillo 2 (expandido una cuadra más del primer círculo) se dejó sin efecto pero en el perímetro de la manzana judicial no está permitido que circulen autos ni motos, sí bicicletas y peatones. Los uniformados ignoran hasta cuándo deberán permanecer controlando la zona, junto a otros tantos de Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Los colores de los uniformes (verdes, azules, marrones, negros) se mezclan en calles, veredas y plazoletas que rodean el Centro de Justicia; a los hospitales cercanos, como el Italiano de Virasoro al 1200; y a entidades educativas como el Instituto de Educación Superior Olga Cossetini, de Sarmiento al 2000. A toda hora parpadean las luces estridentes que emanan de los patrulleros en circulación o estacionados. Para la jornada final del juicio contra Cantero y otros sospechosos de ejecutar las balaceras, que a la sazón también fueron condenados, hubo en las afueras un total de 250 efectivos distribuidos en 98 puestos fijos y móviles, lo que involucró a 70 patrulleros, informó entonces el Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

El dueño del bar El Entrerriano, de Sarmiento casi Rueda, cuenta que un comisario le había advertido que habría apertura de calles el 1º de octubre, al día siguiente de la última audiencia oral por los atentados que comandó Guille, aunque luego dijeron que se aplazaba al 2 y después al 17 (al final hubo una liberación parcial el 20). A la señora que regentea el autoservicio de al lado, una oficial de policía le reveló que el Anillo 1 desaparecerá tras las elecciones de noviembre. En el kiosko de la vuelta, en cambio, se basan en otro testimonio policial para afirmar que la normalización llega en enero, cuando comience la feria de verano. En general, entre los vecinos cunde la incertidumbre sobre el actual estado de cosas y acerca de qué sucedería si vuelve a programarse un juicio importante o disparan de nuevo contra los vidrios (ahora protegidos con un enrejado) de la imponente construcción inaugurada en 2017.

Por el fin del bloqueo

Camila tiene 26 años y vive en barrio Plata, en zona sudoeste. Recuerda que hace un mes, cuando llegó al bar de Mitre y Rueda para probarse como moza, le impactó el despliegue de fuerzas de seguridad y que estuviera todo encerrado. Ya la primera mañana de circulación vehicular parcial por Mitre, se ocuparon todas las mesas de la vereda del negocio que nació de la mano del Centro de Justicia Penal. El bar El Entrerriano, en tanto, hace cuatro décadas que está ubicado sobre Sarmiento al 2800, frente a lo que era el viejo Heca. Sobre la colocación de las vallas, el dueño afirma: “Yo trabajaba mucho con los taxistas que venían a desayunar, vendía 12 docenas de facturas y bajé a seis. Pero los impuestos siguen llegando como si no hubiera pasado nada y el Estado no nos ayuda”.

En la granja contigua una vecina se queja porque los tachos de basura de la plaza cívica están desbordados. Ya había sucedido lo mismo con algunos contenedores, por las dificultades de los recolectores de residuos para acceder al área y vaciarlos. “Estamos bloqueados, queremos que saquen las chapas”, reclaman clienta y propietaria del local, abierto desde hace 12 años.

Daniela y Sebastián son una pareja que promedia los 30 años y viven desde hace tres en Amenábar al 1200. Relatan cambios progresivos en materia de seguridad alrededor del Centro de Justicia. “Después del primer tiroteo pusieron dos o tres policías, tímidamente, en cada esquina”, recuerda Daniela y su compañero apunta que en esa época también aparecieron lomos de burro en las intersecciones. “Más cerca del juicio volvió a haber balaceras de madrugada, así que colocaron las vallas. Cada paso se daba a posteriori de un hecho pero tampoco servía para prevenir porque había nuevos ataques”, sigue ella.

“Esto no me da garantías y me pregunto qué pasará cuando se retire la fuerza, si vamos a quedar expuestos a la situación anterior, sumada la contradicción que implica la presencia policial en la zona. Es un indicador de que estamos en riesgo, pero a su vez no se puede recurrir a los policías si te pasa algo porque están abocados a la custodia del edificio”, analiza la joven en base a información que intercambia con otros vecinos.

“Si el sector es tan complicado y está sitiado, ¿por qué dejan circular a la gente, que incluso va a pasear los perros (frente al tribunal)?”, dispara. Cuenta que los taxistas no podían entrar al área a dejar o recoger pasajeros ni de día ni de noche, tampoco los cadetes motorizados. Tomar un colectivo no resultaba más fácil ante la falta de información clara y precisa sobre las paradas habilitadas. Daniela concluye sobre la experiencia: “Tuvimos demoras, complicaciones e incertidumbre. De hecho no sabemos cuánto dura esto porque, si vamos al caso, juicios va a seguir habiendo”. “Y también droga”, completa Sebastián, acaso como síntesis de una tendencia que a la ciudad la marca a fuego, literal y metafóricamente.